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El acoso ocurre en el celular y estalla en el aula: qué debe hacer el colegio

Ilustración sobre la violencia digital en el colegio: un caso que llega por un canal reservado, se clasifica y se enruta al equipo de atención

La escena es conocida. Un video circula por un grupo de un curso durante la noche. A las siete de la mañana ya lo vio media institución, hay una familia furiosa en la recepción y una estudiante que no quiere entrar al salón. Nadie sabe bien quién lo grabó ni quién lo compartió primero, y el colegio tiene que decidir qué hacer en los próximos minutos, no en la próxima reunión. Así empieza casi siempre un caso de violencia digital en el colegio.

La reacción instintiva suele ser la peor: pedirle a la víctima que muestre el contenido delante de varios adultos, reenviar el material “para investigar” y llevar el asunto al grupo de WhatsApp de los padres del curso. Cada uno de esos movimientos empeora el caso.

Qué es la violencia digital en el colegio y por qué no es un asunto ajeno

Lo primero que hay que desmontar es la idea de que si ocurrió fuera del horario escolar y desde un aparato personal, el colegio no tiene nada que hacer. No es así.

El artículo 44 de la Ley 1098 de 2006, el Código de la Infancia y la Adolescencia, le impone a los directivos, docentes y a la comunidad educativa el deber de poner en marcha mecanismos para la detección oportuna, el apoyo y la orientación en casos de maltrato y abuso, y de proteger a los estudiantes contra la agresión física o psicológica. La obligación se activa por el efecto en el estudiante, no por el lugar donde ocurrió el hecho.

Y el efecto es real. Según cifras del Distrito publicadas en junio de 2026, en Bogotá se reportaron 581 casos de violencia en entornos digitales en 266 instituciones educativas públicas y privadas, de los cuales 364 —el 62,65 %— afectaron a niñas, adolescentes y mujeres. Las modalidades más frecuentes fueron el ciberacoso, la difusión no consentida de contenido íntimo, las amenazas, la sextorsión y el acoso persistente. Las consecuencias que reporta el Distrito son las que cualquier orientador reconoce: aislamiento, afectación de la salud mental, caída del rendimiento académico y, en los peores casos, abandono de los espacios educativos.

Y no es un asunto que pase inadvertido para los organismos de control. El 27 de julio de 2026 la Procuraduría General de la Nación exhortó a gobernadores, alcaldes, secretarios de educación y jefes de control interno disciplinario de las entidades territoriales certificadas a reforzar la prevención, la atención y la sanción de las violencias contra niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas oficiales y privadas, y les pidió reportar en ocho días hábiles las quejas y denuncias registradas entre enero de 2025 y el 30 de junio de 2026. Entre las medidas que exigió están actualizar los protocolos, activar de inmediato la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y proteger a víctimas, denunciantes y testigos frente a represalias y revictimización. Esa última línea explica por qué el canal por el que llega la denuncia importa tanto como el protocolo que viene después.

Esa última palabra —abandono— es la que convierte el asunto en un problema del colegio aunque el chat sea privado.

Lo primero es clasificar bien: tipo II o tipo III

Antes de actuar hay que saber qué se tiene enfrente, porque de la clasificación depende todo lo demás. El Decreto 1965 de 2013, que reglamenta la Ley 1620 de 2013, ordena las situaciones en tres tipos, y el ciberacoso aparece nombrado expresamente:

  • Tipo II: agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso que no constituyen delito, presentados de manera repetida o sistemática, o que causan daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad.
  • Tipo III: situaciones que son presuntos delitos, entre ellos los que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual.

La frontera importa mucho en lo digital. Un grupo que se burla de un compañero de forma repetida es, típicamente, tipo II. La difusión de una imagen íntima de un menor de edad, la sextorsión o un adulto que contacta a un estudiante para obtener contenido sexual no son un problema de convivencia: son presuntos delitos, y ahí el papel del colegio cambia por completo.

Cuando el caso es tipo III, el colegio no investiga. Protege, reporta y acompaña. La investigación le corresponde a la autoridad competente, y cualquier intento del colegio de “averiguar primero” retrasa la protección y puede dañar la evidencia. El protocolo general de atención y el reporte al sistema de información están desarrollados en nuestro artículo sobre el reporte al SIUCE, que conviene tener a mano.

La evidencia: qué se preserva y qué nunca se reenvía

Aquí es donde más colegios se equivocan de buena fe. Tres reglas que conviene tener escritas antes de necesitarlas:

No se reenvía el contenido. Si el material es una imagen o un video de contenido íntimo de un menor de edad, reenviarlo, descargarlo o guardarlo “como prueba” no es diligencia: es multiplicar la circulación de ese material y exponer a quien lo hace. El colegio documenta el reporte —quién informó, cuándo, qué describió, qué se hizo—, no el contenido.

No se le pide a la víctima que lo muestre una y otra vez. Cada repetición del relato frente a un adulto nuevo es una revictimización. Se recibe el reporte una vez, con la menor cantidad posible de personas presentes, y ese registro es el que circula internamente entre quienes deben conocerlo.

Sí se registra lo verificable y lo actuado. Fecha y hora en que el colegio se enteró, quién lo reportó, qué se describió, a quién se le comunicó, qué medidas de protección inmediata se tomaron, si se contactó a la familia y si se remitió a una autoridad. Eso es lo que sostiene al colegio si mañana hay una queja, una tutela o una visita de la secretaría de educación.

Vale recordar que el Decreto 1965 de 2013 exige confidencialidad en el manejo de la información de estos casos. El grupo de chat del curso, la sala de profesores y la reunión de padres no son lugares donde este caso se comente.

Las primeras horas, en orden

  1. Reciba el reporte por un canal reservado, no en el pasillo ni en un grupo de mensajería. Quien recibe debe saber que su función es escuchar y registrar, no evaluar si “es para tanto”.
  2. Proteja primero. Medidas inmediatas de acompañamiento al estudiante afectado: no dejarlo solo, avisar a orientación, ajustar lo que haya que ajustar en su jornada ese día.
  3. Clasifique con el Comité Escolar de Convivencia: tipo II o tipo III.
  4. Informe a las familias de los estudiantes involucrados, por el canal institucional y con constancia. Aquí es donde el canal oficial de comunicación deja de ser una comodidad administrativa y se vuelve una garantía.
  5. Si hay presunto delito, active la ruta externa el mismo día. La Línea 141 del ICBF es gratuita, de cobertura nacional y opera las 24 horas para reportar la vulneración de derechos de un menor de edad; el ICBF ofrece además chat, videollamada y correo de atención. Según la naturaleza del hecho, corresponde también acudir a la Policía Nacional y a la Fiscalía.
  6. Registre y haga seguimiento. Un caso de violencia digital no se cierra el día que se reporta: se cierra cuando el estudiante volvió a estar bien, y eso se verifica en semanas, no en horas.

Lo que el manual de convivencia debería decir y casi nunca dice

Revise su manual con estas cuatro preguntas. Si no las responde, tiene trabajo pendiente:

  • ¿Cubre las conductas digitales ocurridas fuera de la jornada cuando afectan la convivencia dentro de la institución? Sin esa cláusula, el colegio queda sin competencia escrita justo en los casos más frecuentes.
  • ¿Dice por dónde se reporta? Un canal nombrado, con un responsable, y no “avisarle a alguien”.
  • ¿Distingue el caso de convivencia del presunto delito, y dice que en el segundo el colegio no investiga sino que reporta?
  • ¿Protege la confidencialidad y dice quién puede conocer el caso?

Cómo SISGA acompaña la denuncia y el seguimiento del caso

En estos casos el problema casi nunca es la falta de voluntad: es que la denuncia llega tarde, por el canal equivocado, y sin que quede registro de lo que se hizo. La plataforma SISGA apoya al colegio en esa parte:

  • Un canal formal para denunciar cualquier tipo de acoso, abierto a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias. Quien reporta puede adjuntar los soportes que considere.
  • La denuncia anónima es realmente anónima. Y cuando el reporte no es anónimo, el caso solo es visible para quien lo radicó y para el grupo de atención asignado: no circula por la institución.
  • El caso se enruta a un equipo especializado de atención, con estados y tiempos de respuesta acordados, de modo que nadie tenga que preguntar “¿y eso en qué quedó?”.
  • Queda trazabilidad y notificaciones de lo actuado, que es la evidencia que el colegio necesita para demostrar que atendió, y cuándo.
  • La comunicación con las familias sale del canal institucional, con constancia de qué se informó y en qué momento, en lugar de depender de grupos de chat.

La decisión sobre cómo atender cada caso es del colegio y de su Comité Escolar de Convivencia; la plataforma aporta el canal, la reserva y el rastro. Sección basada en el uso de la plataforma SISGA.

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Fuentes consultadas